El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado este lunes el final del estatus de protección temporal (TPS, en inglés) que permitía residir y trabajar en Estados Unidos a unos 190.000 salvadoreños desde hace dos décadas.
De esta forma, los salvadoreños que hasta la fecha estaban amparados por el TPS se verán obligados a abandonar Estados Unidos o de lo contrario enfrentarán la deportación.
Los afectados tendrán hasta septiembre de 2019 para salir del país o para buscar otras vías para obtener la residencia legal en el país, anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en una conferencia de prensa telefónica celebrada esta mañana.
Estos explicaron durante la conferencia que funcionarios de la administración Trump han mantenido en los últimos meses reuniones tanto con la comunidad salvadoreña como con oficiales salvadoreños para valorar la repercusión de una medida que afectará a cientos de personas.
Asimismo, explicaron que la medida anunciada hoy fue tomada dado que la situación en El Salvador es hoy muy distinta a la de 2001 cuando se produjo el terremoto que llevó a Estados Unidos a abrir sus puertas a ciudadanos salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal.
“El Salvador recibió muchísima ayuda internacional tras el terremoto. Desde entonces la situación ha cambiado notablemente, muchas casas, colegios, hospitales han sido reconstruidos y la economía ha mejorado en los últimos años”, subrayó un alto funcionario que participó en la conferencia.
Asimismo, manifestó que ni la situación de violencia e inseguridad que padece actualmente el país centroamericano, y que preocupa a muchos salvadoreños en Estados Unidos, ha sido valorada en la decisión, ya que el TPS fue otorgado tras los terremotos registrados en El Salvador en 2001 y no bajo ninguna otra circunstancia.
El gobierno de Estados Unidos retrasará la aplicación de la medida 18 meses para que los inmigrantes salvadoreños tengan tiempo de preparar su regreso a su país, un regreso en el que estaría trabajando ya el gobierno de El Salvador para dar apoyo a sus ciudadanos, informó el citado funcionario.
Preguntado si la medida es definitiva, el funcionario insistió en que sólo los congresistas pueden regular al respecto. “Los congresistas tendrán 18 meses para legislar, un tiempo suficiente”, dijo.
En cuanto al impacto familiar que la medida tendrá sobre cientos de personas, el funcionario manifestó que el gobierno no se mete en decisiones familiares.
Cabe recordar que muchos inmigrantes salvadoreños beneficiados con el TPS han residido en Estados Unidos cerca de 20 años, tiempo en el que han tenido hijos, por lo que hay menores estadounidenses que podrían tener que abandonar el país por una decisión que afecta a sus progenitores.
El pasado mes de noviembre, la Administración presidida por Donald Trump acabó con el TPS que protegía de la deportación a unos 5.300 nicaragüenses, a los que había permitido refugiarse en Estados Unidos tras la devastación ocasionada por el huracán Mitch en 1998. Deberán dejar así el país antes del 5 de enero de 2019, o buscar antes de esa fecha otro tipo de visado o permiso de residencia.
También en noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional decidió sin embargo aplazar su decisión hasta el próximo mes de julio su decisión sobre los 86.000 hondureños con permiso de residencia en el país también en virtud del TPS y por los daños causados en ese país centroamericano por el huracán Mitch.
Unas semanas después, la Administración anunció el final del TPS que otorgaba el permiso de residencia y de trabajo a unos 59.000 inmigrantes de Haití, refugiados en Estados Unidos tras el terremoto de 2010, y que tendrán que marcharse también antes de julio de 2019.
El TPS protege además a inmigrantes de Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Pero de las cerca de 320.000 personas que se benefician de este programa (creado por el republicano George Bush en 1990), la mayor parte son salvadoreños. En su caso, el permiso se instauró a inicios de 2001 tras un terremoto, pero ahora es la violencia (sobre todo derivada de las bandas callejeras) y el desempleo lo que lleva a huir a los ciudadanos de ese país.
Más de 260.000 salvadoreños emigraron gracias al TPS a Estados Unidos, de los que quedan aquí aún 190.000 (el resto regresó, voló a otros lugares u obtuvo un tipo diferente de visado). El 97% de ellos tiene 25 o más años y un trabajo; dos tercios poseen además un casa en propiedad, según informa la agencia de noticias The Associated Press.
Las remesas que envían a El Salvador son además fundamentales para la economía de ese país: en 2016, llegaron 4.576 millones de dólares, lo que supone un 17% del Producto Interior Bruto.
Si la Administración Trump decide acabar dentro de unos meses con el TPS de Honduras, sumará en total la expulsión de 340.000 inmigrantes. Pero ninguno de ellos forma parte de los 11 millones de indocumentados que el presidente se comprometió a expulsar del país: serán familias integradas en el país, en muchos casos con hijos estadounidenses, que llevan años, si no décadas, viviendo aquí.