Los tomates son, después de las papas, el vegetal más consumido en Estados Unidos, con casi 30 libras al año por persona, en gran medida por la salsa de las pizzas. Nueve de cada 10 son recolectados por máquinas, que los procesan y enlatan. Pero el resto, los tomates frescos que luego se venden en los mercados y se sirven en las ensaladas, se recogen a mano. El problema es que nadie quiere hacerlo. Lo hace quien no tiene otra forma de ganarse la vida. O quien es obligado a punta de pistola. Los más frágiles: los inmigrantes indocumentados.
Encerrados, apaleados y amenazados
Miguel Flores decidió reclutar a trabajadores mexicanos y guatemaltecos en la frontera de Arizona, para transportarlos luego hacinados como animales a campos de Florida y Carolina del Sur. Allí debían deslomarse, apaleados y encerrados en barracas. Flores fue condenado en 1997 a 15 años de cárcel por dos docenas de cargos criminales que se resumían en una palabra: esclavitud.
Pero después de Miguel Flores llegó Abel Cuello, que amenazaba con disparar a los trabajadores a los que esclavizaba en los campos de tomate de Immokolee (Florida). Y José Tocum, que raptó a María Choz cuando tenía 16 años en Guatemala y la llevó a su casa de Florida, obligándola a recoger tomates de día y abusando de ella por las noches. Choz recibió una de las primeras visas T, creada en el año 2000 para víctimas del tráfico de personas que colaboran con las autoridades (en 2015 se otorgaron un millar).
Michael Lee, Ramiro y Juan Ramos, Ronald Evans… la lista de esclavistas es larga y llega hasta nuestros días. En octubre de 2016, Agustín Méndez admitió haber amenazado y golpeado a los trabajadores de un campo de tomates en Homestead (Florida). El denominador común siempre ha sido el mismo: eran inmigrantes indocumentados que, incluso cuando no son esclavizados a punta de pistola, sufren igualmente condiciones durísimas en su trabajo agrícola.
Según el Departamento de Trabajo, de los 1,1 millones de asalariados en el campo, el 71% son inmigrantes (casi todos de México). La mitad del total de trabajadores reconocen ser indocumentados, una cifra que se elevaba al 61% en el caso de los recolectores de vegetales.
“Llegué a Estados Unidos con sueños, ilusiones, que provenían de otros, de amigos en mi pueblo que habían vuelto con coches, contando historias de lo bien que estaban las cosas aquí”, relata Salvador Moreno en un informe sobre abusos laborales de la organización humanitaria Oxfam. Y añade: “Cuando estás en México, no te imaginas el sacrificio que supone venir: sufres para cruzar la frontera, sufres para buscar trabajo, y sufres trabajando, porque tus jefes te maltratan y tú no entiendes por qué”.
65 céntimos por cubeta de tomates
Los inmigrantes buscan trabajo y los granjeros los buscan a ellos porque cobran menos y carecen de capacidad para negociar salarios o derechos básicos, añade el informe. A eso se une la dureza del campo: es una de las ocupaciones más peligrosas (accidentes, exposición a los elementos o a pesticidas, carencia de seguro médico, etcétera) y más incómodas (falta de agua potable e inodoros).
El salario medio en el campo son apenas 12 dólares por hora en jornadas de 40 horas semanales (el salario mínimo federal son 7,25 dólares). Pero nada protege de los abusos a los inmigrantes indocumentados, especialmente cuando basta con una llamada para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) se los lleve a todos detenidos.
En un campo de tomates en Wauchula (Florida), Maricela, una de las trabajadoras indocumentadas entrevistadas por Noticias Telemundo, cuenta que ha recogido 109 cubetas en cinco horas de trabajo. A 65 centavos por cubeta (cada una pesa más de 30 libras) son 71 dólares, es decir, unos 14 por hora. Ese día había menos tomates por recoger porque la temporada se estaba acabando ya en Florida. En una jornada normal, se pueden llenar entre 200 y 300 cubetas por persona, trabajando de lunes a sábado y a veces incluso los domingos.
Una escuela diferente, diferentes amigos
La producción de tomates frescos está repartida por 20 estados, pero Florida (a la cabeza desde hace décadas) y California concentran casi dos terceras partes (entre 30.000 y 40.000 acres) de la superficie cultivada. La temporada en Florida comienza en octubre y acaba en junio. En Carolina del Sur, sin embargo, abarca de junio a julio, y de octubre a noviembre. En Virginia, va de julio a octubre.
“Tenemos trabajo el año redondo, viajando de aquí para allá”, explica Ernesto, el esposo de Maricela. Con la pareja viajan cuatro niños, que cambian de colegio en cada mudanza. “Sí [se nos hace difícil estar cambiando de una ciudad a otra], porque haces amistades y las pierdes, y a veces no aprendo muy bien porque cuando entro en una materia ya salgo cuando me voy a mudar”, explica Angélica.
El 45% de los asalariados del campo tienen hijos, según el Departamento de Trabajo. “Las necesidades financieras de sus familias empujan a los niños a trabajar en el campo”, asegura un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch. “Las largas horas y exigencias del trabajo agrícola conducen a altas tasas de abandono escolar”, añade, hasta cuatro veces superiores a la media.
Y aunque no trabajen, el continuo cambio de escuela conlleva un precio a pagar: los niños deben atender dos, tres o más escuelas cada año, a menudo en diferentes estados, con diferentes asignaturas, libros y estándares educacionales, añade la organización. En el caso de la familia de Ernesto y Maricela, su peregrinaje les lleva por Florida, Virginia y Carolina del Sur. Antes, durante algunos años, dos de la niñas, Angélica y Mayra que nacieron en Estados Unidos, pasaron una temporada en México porque su padre no podía hacerse cargo de ellas.
Un trabajo no apto para estadounidenses
Ernesto tiene una orden de deportación desde 2012, pero hasta ahora ICE ha aplazado su salida año a año, la última vez ya bajo la presidencia de Donald Trump. La mayoría de trabajadores (61%) en la recolección de vegetales son indocumentados como él, pero también hay muchos (22%) con visado temporal.
El programa H-2A permite traer al país a inmigrantes durante la temporada agrícola, ofreciéndoles alojamiento y un salario mínimo. En el año fiscal de 2016, se otorgaron 134.368. Hasta la fecha, Trump no ha mostrado intención de reducir este tipo de visados, y el proyecto de ley que impulsa en el Congreso para reformar las normas migratorias tampoco introduce cambios en este sentido.
Un estudio publicado por el Departamento de Trabajo concluye que una reducción importante del número de trabajadores indocumentados en el campo reduciría la producción y la exportación agrícola, impactando especialmente en frutas y vegetales, entre otros sectores. Eso provocaría una subida de los salarios en el campo, pero dañaría la economía en general (el producto nacional bruto caería un 1%), y los salarios del resto de los estadounidenses se reducirían.
Alabama aprobó en junio de 2011 una ley contra la inmigración ilegal que, entre otras medidas, permitía a la policía preguntar por el estado migratorio de una persona si existían “dudas razonables” al respecto; además, prohibía transportar, alquilar propiedad o contratar a inmigrantes indocumentados. Muchas de sus disposiciones fueron bloqueadas por una decisión judicial, pero otras siguen en vigor e incluso actúan como ejemplo de la política migratoria que la Casa Blanca quiere impulsar en todo el país. Texas, singularmente, ha aprobado este verano otra ley similar en muchos aspectos, y también bajo revisión de la justicia.
“No sé lo que vamos a hacer si expulsan a todos los ilegales de aquí, va a ser difícil mantener el negocio”, aseguró a la agencia de noticias Reuters un granjero de tomates, Darryl Copeland, meses después de la aprobación de la ley. “Pongamos que [ICE] viene en julio y se lleva a todos. Lo pierdo todo. Lo que están haciendo en Montgomery [la capital de Alabama] es dirigirnos hacia la quiebra”, añadió.
Ni siquiera era necesario que ICE los detuviera: bastaba con que ellos se fueran del estado por miedo a ser arrestados. Ante esta perspectiva, Jerry Spencer, responsable de la organización agrícola Grow Alabama, decidió hacer un experimento: intentó reclutar a estadounidenses desempleados para trabajar en la recolección de frutas y verduras. Medio centenar de personas respondieron, pero sólo un puñado duró más de dos o tres días. En dos semanas, quedaba uno.
“No puedes conseguir que [estadounidenses] hagan el trabajo que hacen los hispanos”, explicaba una granjera, Helen Jenkins. Y añade: “Sencillamente no son capaces”.