“Creí que nunca mas volvería a ver a mi mami”, se lamentó F. E., un adolescente de 17 años arrestado en Nueva York por pertenecer presuntamente a una pandilla callejera. Un juez ha determinado que fue detenido sin pruebas suficientes: sólo por escribir el prefijo telefónico de El Salvador en su cuaderno, y relacionarse con las personas equivocadas. Su caso, según asociaciones de derechos civiles, es sólo un ejemplo de las redadas indiscriminadas que las autoridades migratorias realizan en su opinión contra los pandilleros. El miedo a estas peligrosas bandas podría estar sirviendo para arrestar y deportar a adolescentes que sencillamente llevaban la camiseta equivocada en el barrio equivocado.
El Departamento de Seguridad Nacional detuvo el pasado año fiscal (de octubre de 2016 a septiembre de 2017) a 4.818 personas supuestamente relacionadas con pandillas, de las que 796 estaban presuntamente vinculadas a la MS-13 o Mara Salvatrucha, una banda que ha despertado alarma social por su extraordinaria violencia.
En septiembre, por ejemplo, un hispano fue asfixiado, acuchillado con machetes, decapitado y desmembrado en Maryland; antes de enterrarlo en una fosa, le arrancaron el corazón. “Hay una pandilla llamada MS-13. No les gusta disparar a la gente. Les gusta cortar gente. Hacen cosas que nadie creería. Son animales de verdad”, dijo en junio el presidente, Donald Trump, que ha convertido esta banda en cabeza de lanza de un discurso en el que vincula a menudo inmigración y violencia.
La MS-13 se formó en Los Ángeles en los años 80 entre salvadoreños huidos de la guerra civil en ese país. Estados Unidos lleva combatiéndola desde hace décadas. Cuenta con más de 10.000 miembros en 40 estados, según el Departamento de Estado; desde 2005, han sido detenidos más 8.100 pandilleros de este grupo.
Hasta aquí, lo que dice el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en sus siglas en inglés). Sin embargo, esas cifras han sido puestas en duda por asociaciones de derechos civiles, que denuncian que ICE está deteniendo a adolescentes y acusándoles de pertenecer a pandillas sin pruebas concluyentes, presuntamente para inflar sus números de arrestos.
“Las autoridades migratorias parecen estar usando la supuesta pertenencia a pandillas como pretexto para detener a inmigrantes”, asegura Camille Mackler, de la organización The New York Immigration Coalition. “Estas redadas son indiscriminadas, se basan en información inexacta, incluidas bases de datos policiales de bandas que responden a apariencia o contactos sociales en vez de conducta criminal”, añade.
¿Cómo sabe ICE que un adolescente es un pandillero? Debe cumplir al menos dos de los siguientes criterios: tener tatuajes, ropa o accesorios que les identifiquen como miembros de una pandilla, frecuentar las áreas que éstas controlen, haber sido vistos haciendo los gestos propios de estas bandas, haber sido identificados por una fuente fiable o por pruebas documentales, o haber sido detenidos con otros pandilleros en al menos dos ocasiones.
Es decir, basta con llevar una camiseta y zapatillas concretos y pasar por una zona determinada para poder ser detenido y acusado de pertenecer a una banda. Si además el sospechoso conoce a pandilleros, su suerte puede estar echada. Para averiguar exactamente a qué responden las detenciones de supuestos pandilleros, The New York Immigration Coalition (que agrupa a 65 organizaciones de derechos civiles) ha requerido información oficial a ICE atendiendo al Freedom of Information Act (FOIA).
En el caso de F. E., un adolescente de 17 años de Brentwood (New York), los motivos de su detención fueron escribir “503” (el prefijo telefónico de El Salvador) en un cuaderno, y juntarse con la gente equivocada.
F. E. llegó a Estados Unidos con 14 años, huyendo precisamente de la violencia de bandas en El Salvador, y se mudó con su familia a Brentwood, en un área de Long Island infestada por pandilleros y devastada por sus crímenes. En 2016, Nisa Mickens, de 15 años, y Kayla Cuevas, de 16, fueron asesinadas brutalmente con bates de beisbol y machetes en Brentwood. Días después, se halló el cadáver de otros dos estudiantes de la misma escuela de secundaria. También asesinados.
Desde entonces, se han producido decenas de arrestos. El de F. E. tuvo lugar el pasado 16 de junio, presuntamente por ser miembro de una pandilla, aunque, según denuncia la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), su tutor e incluso el director del centro donde pasó retenido cinco meses indicaron que no había motivo para creer que lo fuera.
Tuvo que ser un juez el que decidiera que, efectivamente, de acuerdo con las pruebas aportadas por el Gobierno, no estaba suficientemente probado que el adolescente fuera un peligro para la comunidad como para detenerlo y trasladarlo al otro lado del país (California), privándole de derechos fundamentales. Así pues, fue puesto en libertad provisional el pasado 21 de noviembre.
La decisión la tomó la Corte del Distrito del Norte de California, después de que ACLU presentara una demanda colectiva contra el fiscal general, Jeff Sessions, contra ICE y contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados por el arresto de tres jóvenes acusados de pandilleros supuestamente sin pruebas suficientes.
“Estamos hablando de adolescentes que fueron encarcelados por jugar a pelear con un amigo, o por mostrar orgullo en su país natal de El Salvador”, explicó el abogado de ACLU Steven Kang.
“Hay veces en las que sabemos que alguien pertenece a la banda MS-13, y sabemos que es un miembro activo, pero no estamos en posición de realizar una arresto criminal”, explicó en junio el comisario de policía del condado de Suffolk (donde se encuentra la localidad de Brentwood). “Así que otra herramienta a nuestra disposición es trabajar con el Departamento de Seguridad Nacional para ir a por ellos por violación de las leyes inmigración”, añadió en una entrevista con el diario The New York Times.
Según ACLU, esta misma decisión ha sido tomada por los tribunales en al menos otros 12 casos.
El futuro de F. E. sigue pendiente de sentencia.