Docenas de departamentos de policía de todo el país están colaborando ya con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) y muchos otros podrían unirse en las próximas fechas merced a la agresiva expansión que ha experimentado el programa 287(g) desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero.
Este programa debe su nombre a la ley de inmigración firmada por George W. Bush en 2006 que permite al gobierno federal llegar a acuerdos con las autoridades estatales y locales para que ejerzan como agentes de inmigración. Pueden así interrogar a aquellas personas que, en su opinión, sean sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, y arrestarlas si en efecto lo son, así como tramitar la deportación de aquellos presos comunes que no tengan documentación una vez cumplan su condena.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, entre enero de 2006 y septiembre de 2015 este programa permitió identificar a más de 402.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría en cárceles locales. Un análisis de The Marshall Project cifró en 175.000 las deportaciones derivadas de esta práctica.
Desde enero, se han sumado a este programa 29 departamentos de policía local, según la documentación a la que ha accedido la agencia de noticias Reuters. Pero hay decenas más que han sido contactadas por el Gobierno, y al menos 38 que han solicitado unirse. En total, hay más de un centenar que ya participan o podrían hacerlo en breve.
En su mayoría son poblaciones pequeñas, de menos de 100.000 personas, sin excesiva población inmigrante, según Reuters. Contrastan así con la postura de la conocidas como ciudades santuario, grandes urbes (Nueva York, Chicago, Filadelfia, Los Ángeles…) que limitan al máximo su colaboración voluntaria con ICE. Tres cuartas partes de las localidades que se han unido al 287(g) están en condados en los que Trump ganó las elecciones en 2016.