Miles de indocumentados podrían perder sus créditos tributarios si se aprueba la reforma fiscal del presidente Donald Trump.
Una disposición en el proyecto de ley de reforma tributaria anunciada este jueves propone que cualquiera que pretenda reclamar el Crédito Tributario por Hijo (CTC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC), a la hora de declarar sus impuestos, tiene que tener un número válido de Seguro Social y no el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), usado por miles de inmigrantes indocumentados.
Esta medida está destinada a evitar que miles de indocumentados reciban estos beneficios cada año. Estos créditos fiscales se llaman “reembolsables” porque las personas que no ganan lo suficiente para pagar impuestos todavía puede obtener estos reembolsos, como ocurre con el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC), el cual entrega hasta 1,000 dólares por cada hijo.
En la actualidad, todo lo que se requiere para reclamar estas devoluciones de impuestos es cumplir con los límites de ingresos y presentar una declaración de impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
El ITIN fue creado en 1996 para los extranjeros que tenían que tratar con el IRS y desde entonces le ha permitido a personas que están en el país ilegalmente declarar impuestos, así como gozar de los beneficios y créditos tributarios que brinda el gobierno.
Según se calcula más de 2 millones de familias pobres trabajadoras y 4 millones de ciudadanos estadounidenses de todo el país se verán privados del acceso a los créditos tributarios para niños si el cambio entra en vigor, según cifras compiladas por el IRS en 2014.
Como se ha enfatizado por los republicanos y el propio presidente Trump, la reforma fiscal busca eliminar cualquier ayuda fiscal para la comunidad indocumentada. La idea del gobierno es restringir todas las ayudas de asistencia social a los indocumentados con el fin de hacer la inmigración ilegal menos atractiva.
Se estima que esta medida de aprobarse perjudicaría más de 5.1 millones de niños, la mayoría de los cuales son ciudadanos o jóvenes “soñadores” traídos al país ilegalmente a EEUU cuando eran niños.