El 29 de junio de 2014, Noé López-Mulato estaba jugando un partido de fútbol en un parque al suroeste de Detroit cuando un hombre en un lateral del campo empezó a insultarle. De acuerdo con el informe policial, cruzaron palabras mayores hasta que el individuo sacó una pistola y comenzó a dispararle. El hermano de López Mulato, José, saltó en su defensa y recibió dos tiros. Un grupo de personas se lanzó contra el individuo y le redujo; los hermanos testificaron en su contra y fue sentenciado a prisión por asalto. Los hermanos López-Mulato son inmigrantes mexicanos indocumentados; colaborar con la policía les hizo acreedores de un visado especial U, pero las cosas no salieron como esperaban.
Esta historia, reportada por el diario Detroit Free Press, se complicó el pasado 18 de octubre, cuando Noé llevaba a su hijo de 10 años, Randy, al colegio. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) detuvieron el coche en el que viajaban y arrestaron a Noé. “Sólo me dijeron, ‘tenemos que llevarnos a tu papá”, explicó Randy con voz quebrada. “Él dijo que nos quiere a todos”, añadió llorando. El 23 de octubre, Noé fue deportado.
Cuatro días después, José López-Mulato fue detenido. Como Noé, él también había aplicado para conseguir un visado U, y estaba esperando a que procesaran su petición. “Estoy furioso”, explica el abogado Michael Harrison, que lleva su caso. “Son gente buena, decente, la espina dorsal de nuestro país”, añade. “¿Qué tipo de mensaje se lanza así a la comunidad? Que se queden en las sombras y colaboren con la policía”, concluye.
Noé tiene 34 años, y llegó al país con 17; tiene dos hijos, Randy y Andy, de tres años. Paga impuestos por los 20.000 dólares que gana en la construcción cada año, según la información recabada por el diario, y recibe subsidios sociales. En 2007 dejó el país tras ser descubierto, pero regresó dos años después. A toda la familia le encanta el fútbol. Pero Randy no quiere ser jugador, quiere ser agente del FBI. Ahora ambos menores están al cargo de su sobrina, Cindy García, de 19 años.
ICE ha señalado al diario que no realiza redadas indiscriminadas sino acciones contra individuos específicos a los que se ha investigado. Según añade, se centran en individuos que suponen una amenaza para el país, pero no hacen excepciones con aquellos que han violado las leyes migratorias si pesa una orden final de deportación contra ellos.