El Gobierno español considera que las autoridades de la región de Cataluña no han respondido a su pregunta sobre si han declarado o no la independencia, y por tanto ha anunciado que mañana aplicará el artículo 155 de la Constitución que le permite tomar el control de las instituciones regionales. Se trata de una decisión sin precedentes en la historia reciente del país, que el Gobierno ha tomado tras recibir ayer una carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que parecía asegurar, en términos calculadamente confusos, que no ha declarado aún la independencia pero podría hacerlo si se aplica el artículo 155.
El 1 de octubre, las autoridades catalanas llevaron a cabo un referéndum prohibido por la corte española más importante (el Tribunal Constitucional). La policía intentó frenarlo, y se produjeron más de un millar de heridos. Tanto la votación como el escrutinio se llevaron a cabo con repetidas denuncias de irregularidades y falta de garantías. El resultado anunciado por las autoridades catalanas fue mayoritariamente a favor de la independencia con una participación inferior al 50%.
El 10 de octubre, Puigdemont anunció ante el Parlamento regional: “Asumo, al presentarles los resultados del referéndum (...) el mandato de que el pueblo de Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.
La respuesta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue dar por hecho que Cataluña había declarado la independencia e iniciar el proceso previsto en el artículo 155. Esta cláusula de la Constitución prevé que, si una región incumple la ley o “actúa de forma que atente gravemente al interés general”, el Gobierno, con la aprobación previa de la mayoría absoluta del Senado, puede “adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso” de la ley.
Primero, el Gobierno debía asegurarse de manera formal de que, efectivamente, las autoridades catalanas habían declarado la independencia. Para ello, Rajoy preguntó directamente a Puigdemont si lo había hecho, y le dio de plazo hasta esta semana para responder.
El presidente catalán le respondió hace unas horas con una carta en la que decía: “El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores. (…) El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular. (…) Esta suspensión continua vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. (…) Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”.
La respuesta de Rajoy ha sido: “El Gobierno de España ha constatado esta mañana la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre. En el mismo se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia (...) Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto, clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y, por ello, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña”.
Mañana, el Gobierno decidirá las medidas que toma, que pasan desde la disolución del Parlamento regional o la destitución del Gobierno catalán, y la convocatoria de elecciones, hasta la toma de control temporal de las instituciones regionales, incluida la policía catalana (conocidos como Mossos). Luego deberá comunicar esas medidas al Senado (en el que el Partido Popular, al que pertenece Rajoy, tiene mayoría absoluta), que votará si se adoptan o no.