El Departamento de Seguridad Nacional ha insistido este jueves en que no utilizará la base de datos personales de los beneficiarios de la Condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés) para deportarlos en caso de que el Congreso no logre aprobar una ley en su favor antes del 5 de marzo, cuando expira el programa.
Pese a ello, son muchos los jóvenes que, asustados o desilusionados, han decidido no acogerse a la prórroga extraordinaria aprobada por la Casa Blanca después de anunciar el fin del programa. En total, casi 22.000 de los 154.000 que tenían la posibilidad de extender su permiso optaron por no hacerlo. Hasta el momento, el Congreso ha sido incapaz de avanzar, y la solución parece cada día más lejana.
El pasado 5 de septiembre, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció el final de DACA, el programa aprobado en 2010 por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, para blindar de la deportación a los jóvenes llegados a país de forma ilegal cuando aún eran niños de la mano de sus padres. El Gobierno decidió dar una prórroga de seis meses, de forma que todos aquellos cuyos permisos expiraran antes del 5 de marzo pudieran extenderlos por dos años.
El 5 de marzo era la fecha clave: el Congreso debía llegar a un acuerdo y aprobar una ley antes de ese día, o los soñadores (o dreamers, como se conoce a estos jóvenes por la ley que debía protegerlos, el DREAM Act) empezarían a perder su protección. A partir de ese día, según fueran expirando sus permisos, podrían ser deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (de quién depende DACA y de quién depende también ICE) ha repetido este jueves que no usará los datos que los soñadores le proporcionaron cuando tramitaban sus permisos para intentar detenerlos y deportarlos. Es importante recordar que, cuando un soñador comunicó su domicilio, no sólo le dio al Gobierno la forma de encontrarlo si en algún momento quería deportarlo, sino también la dirección en la que viven en muchos casos sus padres, que son inmigrantes irregulares.
Quizá por ello, cuando llegó el momento de renovar su permiso, casi 22.000 de los 154.000 que podían hacerlo prefirieron dejarlo pasar. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, David Lapan, ha querido enfatizar hoy que no perseguirá a propósito a los soñadores: “Nuestras prioridades en materia de inmigración no han cambiado. No vamos a ir de forma proactiva contra los individuos cuyo estatus DACA haya expirado”.
Sin embargo, las redadas de ICE son en muchos casos indiscriminadas, es decir, detienen a todo inmigrante indocumentado con el que se topen. Y recientemente ha asegurado que en estados (como California) y ciudades santuario (Nueva York o Chicago, por ejemplo) llevará a cabo más operaciones de este tipo si cabe, en lugares de trabajo y comunidades.