La Oficina del Inspector General de Los Ángeles, que supervisa la labor del sheriff de este populoso condado californiano, considera que éste ha incumplido su compromiso de no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Frontera (ICE, en sus siglas en inglés). Critica en un informe que se permitiera a ICE mantener sus ordenadores en la cárcel del condado, y que se le entregara información sobre la hora de liberación de los indocumentados para facilitar así que fueran interceptados por agentes migratorios.
El pasado 6 de diciembre, el condado de Los Ángeles (con 10 millones de habitantes, un 27% de la población de California) aprobó una moción para proteger a los inmigrantes “ante el miedo y la ansiedad” derivado de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El departamento del sheriff aseguró entonces que no realizaba arrestos basados en la situación migratoria, ni preguntaba a nadie si tenía o no visado, según explica el citado informe.
En cuanto a los indocumentados detenidos como sospechosos o autores de un delito, el sheriff aseguró que eran liberados sin demora una vez la corte lo decidiera así, independientemente de que ICE hubiera solicitado que se les mantuviera en custodia hasta su llegada. El sheriff explicó que sólo entregaba a ICE a los criminales más violentos y peligrosos (en 2016, fueron un millar de un total de 310.000 reos liberados), y siempre y cuando sus agentes llegaran en el momento en el que fueran puestos en libertad.
Sin embargo, la Oficina del Inspector General del condado de Los Ángeles considera que el sheriff no ha cumplido de forma estricta con su palabra.
ICE en la cárcel. Los Ángeles canceló en 2015 su acuerdo con ICE para que los policías hicieran labores de agentes migratorios, conocido como 287(g). Hasta entonces, ICE tenía su propia oficina en la cárcel del condado para poder llevarse a los indocumentados una vez fueran puestos en libertad. El sheriff dijo haberle dicho a ICE que debía abandonar esa oficina, y sacar sus ordenadores, pero no lo hicieron y nadie les obligó a hacerlo. Sólo después de que el Inspector General avisara al sheriff de que iba a publicar este informe, desaparecieron esos ordenadores. El sheriff explicó que ICE había pedido (y conseguido) mantener los ordenadores porque sus portátiles no tenían conexión dentro de la cárcel, siempre según este informe.
Información suministrada a ICE. El pasado 14 de junio, el sheriff aseguró en la red social Twitter que “NO ofrece a ICE información sobre la liberación [de reos]”. “Nuestra página web pública tiene toda la información sobre la fecha de liberación de presos, depende de ICE analizar esos datos”, añadía el mensaje.
Sin embargo, el Inspector General pudo observar que “en muchas ocasiones” sí se daba esa información a ICE de una forma mucho más precisa de lo que aparecía en la web (más o menos la hora exacta, en vez del día de la liberación), y con datos añadidos a los que aparecían en la web. Esto también cambió tras la realización del informe, según se añade en él.
El Inspector General sí considera que el sheriff está cumpliendo “de forma general” la promesa de no preguntar por el estado migratorio de los sospechosos, y “raramente” hay quejas al respecto.