La Quinta Corte de Apelaciones en Nueva Orleans ha levantado parcialmente el veto sobre la ley SB4 contra la inmigración irregular en Texas.
La norma fue firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, en agosto, y debería haber entrado en vigor el 1 de septiembre, pero fue congelada días antes por decisión del juez de distrito Orlando García, a la espera de conocer la decisión final de la corte federal de San Antonio que revisa su constitucionalidad.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, considera que la decisión de la Corte de Apelaciones conocida este lunes (con el voto a favor de los tres jueces del panel) permite poner en marcha “las disposiciones fundamentales” de la norma. “Estoy seguro de que la ley será considerada constitucional y refrendada al final”, ha añadido.
En su opinión, la decisión de la Corte de Apelaciones obliga a los sheriffs a mantener detenidos a los sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Sin embargo, Nina Perales, una abogada contraria a la ley consultada por Efe y Associated Press, opina que, según el dictamen, no todas estas órdenes son de obligado cumplimiento.
El dictamen de la Corte de Apelaciones asegura que las ciudades y condados no pueden aprobar normativas que eviten que las autoridades locales presten asistencia a los agentes federales, pero mantiene bloqueada la imposición de multas de hasta 25.000 dólares a los sheriff que se nieguen a colaborar con los agentes migratorios.
La ley permite a los agentes de la ley preguntar por el estatus migratorio de una persona durante operaciones rutinarias (como una parada de tráfico). Además, obliga a los sheriffs y policías locales a mantener bajo custodia a los sospechosos de haber entrado en el país de forma ilegal hasta la llegada de los agentes migratorios, incluso después de haber cumplido sus condenas o haber quedado libres de cargos. En caso contrario, los policías pueden ser multados e incluso apartados de su cargo.