El núcleo duro de asesores de la Casa Blanca apuesta por llegar a un acuerdo con el Congreso para que apruebe una partida extraordinaria con la que construir el muro en la frontera mexicana y nuevos centros de detención para inmigrantes indocumentados a cambio de proteger a los soñadores, según ha informado este lunes el grupo de medios de comunicación McClatchy. La Casa Blanca exigiría además otras medidas para reducir la inmigración legal.
Este grupo de asesores incluye al jefe de gabinete, John Kelly, a la hija del presidente, Ivanka Trump, y a su marido, Jared Kushner. Según seis fuentes conocedoras de esta medida, el vicepresidente, Mike Pence, también estaría a favor. En contra, según el citado medio, se habrían pronunciado, entre otros, el fiscal general, Jeff Sessions.
“Los jóvenes inmigrantes no serán usados como moneda de cambio para un acuerdo supremacista blanco que aterrorice a nuestros padres, familias y amigos”, ha opinado Cristina Jiménez, directora ejecutiva de la organización United We Dream.
Trump tiene frente a sí una decisión “muy, muy difícil”, según sus palabras, que determinará el futuro de los 800.000 jóvenes protegidos por la Condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés).
Este programa fue creado en 2012 por el anterior presidente, el demócrata Barack Obama, para proteger a los jóvenes llegados a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad, que pese a haber pasado casi toda su vida aquí seguían siendo considerados inmigrantes irregulares y se enfrentaban por ello al riesgo de ser deportados.
Dado que DACA no es una ley sino una orden presidencial, puede ser cancelada desde la Casa Blanca de un plumazo y al margen del Congreso en cualquier momento. Durante la campaña electoral, el presidente, Donald Trump, prometió hacerlo “de inmediato”. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca suavizó su postura y prometió pensar una solución que dejara “a todo el mundo contento y orgulloso”.
En junio, los fiscales generales de Texas y otros nueve estados gobernados por el Partido Republicano amenazaron con recurrir ante la justicia si Trump no eliminaba DACA antes de otoño. El entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se mostró muy pesimista sobre el futuro de DACA si se dejaba a los jueces decidir al respecto, y conminó al Congreso a legislar si de verdad deseaban blindar el futuro de los soñadores.
Senadores demócratas han impulsado un proyecto de ley en ese sentido, pero no sólo tiene pocas posibilidades de salir adelante, sino que, en cualquier caso, es imposible que sea aprobado antes de que venza el ultimátum de los fiscales generales republicanos: el 5 de septiembre.