El gobernador de Missouri, Eric Greitens, ha ordenado este martes que se paralice la ejecución de un prisionero que debía recibir una inyección letal dentro de apenas unas horas, debido a las dudas que han levantado unas muestras de ADN.
Marcellus Williams, de 48 años, fue condenado a muerte por el apuñalamiento de la periodista Lisha Gayle durante un robo en su domicilio de St. Louis en 1998. Debía morir hoy. Sin embargo, sus abogados solicitaron un aplazamiento en virtud a las muestras de ADN halladas en el arma homicida, que no pertenecen a Williams.
“Una sentencia de muerte es el castigo definitivo, permanente”, ha asegurado en un comunicado el gobernador republicano. “Para llevar a cabo la pena de muerte, el pueblo de Missouri debe estar convencido del veredicto de culpabilidad”, ha añadido.
Greitens ha anunciado que formará un comité de cinco jueces jubilados para decidir si Williams debe ser ejecutado. El abogado de Williams, Kent Gipson, ha apelado ante la Corte Suprema usando las muestras de ADN como argumento. Arguye además que las huellas halladas en el lugar del crimen no son las de Williams.
En Centro de Convicciones Erróneas, una organización de la Universidad Northwestern en Chicago, considera que al menos 39 ejecuciones se han llevado a cabo pese a existir pruebas de la inocencia del reo o serias dudas sobre su culpabilidad.