WASHINGTON.- Dos líderes demócratas del Congreso anunciaron este martes una investigación sobre informes de que agentes de la Patrulla Fronteriza han deportado a más de un centenar de solicitantes de asilo, en clara violación de las leyes de EEUU y del derecho internacional.
En una carta enviada hoy a la secretaria de Seguridad Nacional interina, Elaine Duke, los congresistas demócratas Elijah Cummings y Zoe Lofgren, exigieron explicaciones de por qué agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) están frenando el paso a personas con casos de asilo legítimos, y dieron plazo hasta el próximo 15 de agosto para entregar una respuesta.
La CBP, en particular la Patrulla Fronteriza, durante años ha afrontado quejas de grupos cívicos y defensores de los derechos humanos por su historial de violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los inmigrantes, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y condiciones infrahumanas en los centros de detención.
La agencia no ha respondido a una solicitud de comentario de este diario sobre sus procedimientos para casos de asilo.
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Desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, los agentes fronterizos han adoptado posturas más duras contra los inmigrantes y, en algunos casos, les han mentido al afirmar que Trump les ha dado órdenes de “no dejarlos entrar”, o que EEUU “ya no está procesando asilo para gente de su país”.
Los legisladores cuestionaron las prácticas actuales de la CBP, tomando en cuenta que una orden ejecutiva que emitió Trump el pasado 6 de marzo, para combatir el terrorismo, explícitamente reconoce el derecho de los extranjeros a solicitar asilo o protección en EEUU.
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En la carta, también dirigida al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Roth, los legisladores pidieron un informe detallado sobre cuántas solicitantes de asilo han sido rechazados; cuántas quejas ha investigado la CBP desde noviembre pasado; qué tipo de capacitación ofrece a sus agentes sobre el procesamiento de asilo, y si ha emitido o actualizado nuevas guías sobre ese proceso.
Las leyes internacionales, incluyendo la Convención sobre el Estatus de Refugiados de 1951, exigen que la CBP procese y refiera a extranjeros que solicitan asilo por persecución en base a su raza, religión, nacionalidad, y opiniones políticas, entre otros motivos.
Sin embargo, los legisladores citaron un informe de mayo pasado del grupo “Human Rights First”, que denunció 125 casos de individuos y familias a los que la CBP les negó acceso a los procedimientos de asilo en los puertos de entrada al país.
La cifra, sin embargo, podría ser mayor porque muchas personas no hacen denuncias por temor a su seguridad, el pobre acceso a un abogado y un deficiente sistema de supervisión de las prácticas de la CBP, según el grupo.
Aunque agentes de la CBP refirieron a unos 8,000 solicitantes de asilo en los puertos de entrada entre diciembre de 2016 y marzo pasado, “un número desconocido” de solicitantes de asilo fueron rechazados ilegalmente, denunció ese informe.
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