- De 2014 a 2016 se registraron 5,824 delitos contra de los que hubo apenas 49 sentencias. La impunidad prevaleció en el 99% de los casos
- Los funcionarios mexicanos presentan una “marcada falta de voluntad” para investigar los ilícitos contra migrantes, según un informe de la Oficina de Washington para América Latina
La impunidad prevalece en la práctica totalidad de los delitos registrados contra migrantes a su paso por México, reveló un informe elaborado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
El reporte, titulado “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, reveló que de 2014 a 2016 se registraron hasta 5,824 delitos cometidos contra migrantes. De esa cantidad, solamente 49 fueron juzgados. El resto quedó sin castigo.
Este desbalance, señala el reporte, ha provocado "un aumento de 575% de visas humanitarias para migrantes quienes han regularizado su situación en México al haber sido víctimas o testigos de delitos graves”.
La investigación fue elaborada por la WOLA en colaboración con organizaciones humanitarias como Fundar, el albergue “Hermanos en el Camino” (Oaxaca), Casa del Migrante (Saltillo), “LA 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes” (Tabasco), Red Migrante de Sonora, y Fundar.
Privación de la libertad, principal agresión contra migrantes
Las cifras oficiales obtenidas para el informe apuntan a los asaltos y robos como los delitos que más padecen los migrantes; sin embargo, los elaboradores señalan que las autoridades “no proporcionan la información solicitada, no existen criterios claros y unánimes para clasificar los delitos en diferentes estados, y en ocasiones no cuentan con información desagregada sobre violencia contra migrantes”.
En contraste, los testimonios obtenidos mediante entrevistas con las organizaciones de apoyo a los migrantes revelan que delitos como “el secuestro, la desaparición forzada y otros tipos de privación ilegal de la libertad se mantienen en niveles altos en México”. Lo que es más grave aún, según el informe es que estas agresiones se producen en contubernio entre la policía y el crimen organizado.
Según los testimonios recogidos en el informe, en Saltillo y Sonora policías detenían a personas en los autobuses, los bajaban y los golpeaban; a otros los interceptaban taxistas cerca de las estaciones de camiones y los levantaban para pedir rescate por ellos (principalmente centroamericanos).
Otro ejemplo: en Oaxaca, operadores de líneas de autobuses trabajan en complicidad con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) para detener a los migrantes, o bien, los extorsionaban para no hacerlo.
De hecho, el INM es mencionado en el informe como una instancia calificada negativamente por los migrantes, que identifican los operativos y estaciones migratorias del organismo como fuentes de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de sus agentes.
Impunidad y demanda de justicia
Si bien México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, según indica el informe, no ha desarrollado con la misma prioridad y urgencia los mecanismos para investigar delitos cometidos contra ellos.
Esfuerzos como la creación de fiscalías especializadas y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la PGR en 2015, así como el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) para denunciar desde el extranjero delitos ocurridos en México, son algunas de las medidas adoptadas por las autoridades para apoyar a las personas migrantes.
No obstante, dichos esfuerzos aportan poco ante la “marcada falta de voluntad para investigar delitos contra migrantes” de los funcionarios mexicanos, según el informe.
Acorde con el informe, las autoridades argumentan que si las víctimas no permanecen en el país las investigaciones no pueden avanzan; pero las autoridades “no utilizan adecuadamente las dos principales herramientas disponibles para investigar estos casos”, advierte el reporte.
Estas herramientas son: la recopilación de pruebas en el momento en que se denuncia un delito (“pruebas anticipadas”) y la regularización de la situación migratoria de los migrantes víctimas o testigos de delitos.
En el caso del MAE, según apunta el informe, la SRE y la PGR no han mostrado la voluntad de hacer funcionar este mecanismo de manera adecuada, ni han difundido su uso en las redes consulares de México.
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