- Los magistrados anulan una ley de Carolina del Norte que restringe el acceso a redes sociales por violar la Primera Enmienda
La Corte Suprema ha dictaminado este lunes de forma unánime que los individuos condenados por delitos sexuales tienen derecho a utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera), puesto que su libertad de expresión prevalece sobre el riesgo de que usen estas páginas para contactar con menores de edad con fines criminales.
Un estatuto legal aprobado en 2008 por el estado de Carolina del Norte califica como delito que los delincuentes sexuales (encarcelados, en libertad bajo fianza, o ya incorporados a la sociedad tras cumplir su sentencia) puedan crear páginas de Internet o publicar contenidos en redes sociales a las que tengan acceso menores de edad, incluso aunque su condena no esté relacionada con menores.
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Más un millar de personas han sido procesadas por violar esta norma, entre ellos Lester Gerard Packingham, cuyos abogados llevaron la cuestión ante la Corte Suprema.
Packingham fue condenado en 2002 (entonces tenía 21 años y era estudiante universitario) a un año de cárcel por tomarse “libertades indecentes” (tocamientos u otros actos lascivos) con una joven de 13 años (en su defensa, afirmó que era su novia y no conocía su edad). En lugar de entrar en prisión, pasó dos años en libertad bajo vigilancia, y luego fue incluido en un registro de delincuentes sexuales (del que no se sale en al menos 30 años).
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En 2010, Packingham publicó en Facebook un mensaje celebrando que se había librado de una sanción de tráfico (“Ni multa, ni costes legales, ni un solo gasto… Gracias a Dios”). Fue procesado por ello, y pese a que alegó que se estaba violando su libertad de expresión (recogida en la Primera Enmienda de la Constitución), fue condenado (aunque se suspendió su ingreso en prisión).
Una corte de apelación anuló esa condena, alegando que la ley era tan general que podría incluso prohibir hacer búsquedas en Google o comprar productos en Amazon. Sin embargo, la Corte Suprema de Carolina del Norte consideró que el estatuto legal sí era constitucional.
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El dictamen de la Corte Suprema, conocido este lunes, revoca esta última decisión, al considerar que la norma “restringe de forma no permisible la libertad de expresión. “De un brochazo, Carolina del Norte prohíbe el acceso a una de las fuentes principales para enterarse de la actualidad, ver ofertas de empleo, hablar y escuchar en la plaza pública, o explorar el vasto reino del conocimiento y el pensamiento humano”, asegura el dictamen.
“Restringir el acceso a las redes sociales impide así el legítimo ejercicio de la Primera Enmienda”, concluye. Y añade que “hasta los criminales convictos (y, en determinados casos, sobre todo los criminales convictos) pueden beneficiarse legítimamente de estos medios de acceder al mundo de las ideas, en especial si buscan redimirse”.
Los magistrados advierten de que las decisiones judiciales sobre Internet pueden quedar obsoletas de un día para otro, y llaman la atención sobre la “precaución extrema” que hubieron de tomar en este caso, uno de los primeros en los que analizan la aplicación de la Primera Enmienda en el ciberespacio.
Su decisión fue adoptada por unanimidad, con un voto particular a favor de tres magistrados. Neil M. Gorsuch, recién designado por el presidente, Donald Trump, no tomó parte en el caso.