- Se dictarán sentencias más cortas para delitos menores, lo que implica que dichos delitos no quedarán registrados ante la autoridades federales
- El alcalde sostiene que además de proteger a los inmigrantes se mantendrá a toda la comunidad segura y protegida
-En Denver viven 682.000 personas, de las cuales un 16 % son extranjeros
Denver.- El alcalde de Denver, Michael Hancock, se ha sumado a otras "ciudades santuario" del país que luchan contra la política de deportaciones del presidente Trump y abogan por proteger los derechos de sus vecinos inmigrantes.
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La ciudad acaba de promulgar una ley destinada a proteger a los inmigrantes legales de ser deportados por cometer crímenes relativamente pequeños, aquellos que llevan penas máximas de 365 días.
Lo que ha hecho la ciudad es tomar todos esos delitos menores y reducir su pena máxima a menos de 365 días, con lo que esos delitos y sus perpetradores salen del radar de las autoridades de inmigración.
De esta forma se logra que las sentencias más cortas por delitos menores no queden registrados ante las autoridades federales.
No se trata de un movimiento nuevo, pero si realmente oportuno como respuesta a la política migratoria del presidente Trump, subraya The Washington Post en un artículo sobre el caso.
El alcalde de la ciudad ha querido dejar claro que esa acción no afecta a los delitos más graves y tampoco protege a los indocumentados.
Cabe recordar que bajo la ley federal, un inmigrante que resida legalmente en Estados Unidos puede ser deportado por cometer un delito menor como robar en una tienda o entrar en propiedad privada, siempre y cuando el delito contemple una sentencia mayor al año de cárcel.
La propuesta fue aprobada por el concejo municipal de Denver el pasado lunes.
En este sentido, el alcalde de la ciudad, que fue quien propuso revisar las sentencias menores, dijo que con este cambio Denver está mandado un claro mensaje al gobierno federal de que “no se doblegará ante un sistema de inmigración roto”.
Esta acción “permitirá mantener a las familias unidas asegurando que los delitos menores, como el toque de queda de los parques, no será una herramienta de deportación”.
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Hasta el momento, una persona que se quedara en un parque público más allá del toque de queda, es decir del horario establecido, podía recibir la misma sentencia y la misma multa que alguien que fuera sentenciado por un delito de violencia doméstica reiterado.
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Para Hancock, el nuevo sistema significa “mayor equidad” en la justicia local en el sentido que “el castigo estará de acuerdo con la severidad del crimen cometido”.
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A partir de ahora, por ejemplo, quienes reciban una multa por infracciones de tránsito en Denver ya no deberán obligatoriamente presentarse en la corte municipal para resolver el problema, sino que podrán hacerlo por correo.
Las autoridades locales han sido testigos de como en los últimos tiempos crecía el número de personas que no se acercaba a la corte a resolver asuntos menores de tránsito por miedo.
Hancock enfatizó que las nuevas medidas establecen “un sistema mejor y más conveniente” para todos los residentes de Denver, pero también dejo claro que los principales beneficiados serán los inmigrantes o refugiados con problemas menores con la ley o que deban presentarse antes las cortes locales.
El alcalde subraya que de esta manera se restaura el propósito original de las ordenanzas municipales, "que nunca fueron escritas para ser usadas como herramienta de deportación".
El pasado mes de febrero, Hancock convocó una reunión con la Comisión de Inmigrantes y Refugiados de Denver para analizar el impacto de las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump en la población local.
Tras detectarse la presencia, a través de videos de agentes federales en “lugares sensibles” (cortes, escuelas, iglesias, hospitales), y ante la falta de respuesta del gobierno federal, el alcalde impulsó los cambios mencionados.
El mandatario local enfatizó que se respetarán las leyes federales, no se interferirá en el trabajo de los agentes federales y no se protegerá a criminales.
Sin embargo, quiso dejar claro que tampoco se “hará política” con la seguridad de la comunidad.
Según el Buró del Censo, en Denver viven 682.000 personas, de las cuales un 16 % son extranjeros.
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