El Fiscal General Jeff Sessions anunció el lunes que los gobiernos locales que se nieguen a cooperar con la deportación de criminales condenados corren el riesgo de perder los subsidios por parte del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.
Sessions emitió un memorando en respuesta a una orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump a finales de enero, para que el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional garanticen que las ciudades santuario no sean elegibles para recibir fondos federales.
Un juez federal emitió el mes pasado un decreto nacional sobre la aplicación de esa parte de la orden ejecutiva después de que San Francisco dijera que podría perder todo el subsidio federal.
Pero en su memorando, Sessions dijo que la orden "se aplicará únicamente a los subsidios federales administradas por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, y no a otras fuentes de financiación federal".
El fiscal general también dijo que ha determinado que las jurisdicciones santuario son aquellas que "voluntariamente se niegan" a cumplir con una ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
En la práctica, la ley más a menudo involucra peticiones de detención, emitidas por la Agencia de Inmigración y Aduanas, en las cuales pide a la policía local y oficinas del alguacil que mantengan a los detenidos en la cárcel hasta por 48 horas después de haber cumplido con sus sentencias. Las solicitudes aplican a las personas que se encuentran en el país de manera indocumentada que han sido condenados por cometer crímenes locales y que están sujetos a deportación después de ser liberados.
El memorándum de Sessions parece aplicarse a ciudades y condados que han aprobado leyes locales que prohíben a la policía informar a las autoridades de inmigración cuando un criminal indocumentado está a punto de ser liberado.
Este memorando no se aplicaría a los gobiernos locales que no cumplen con la ley debido a la escasez de mano de obra u otras razones a falta de una negativa voluntaria.