REDLAND, Florida, EE.UU. (AP) — Antonia Catalán maneja su camioneta esquivando baches en el camino sin pavimentar en un área rural del sur de Florida que se une con el pantanoso Everglades. Está buscando a un inmigrante que no tiene permiso de residencia.
El pasajero de 32 años es de Guatemala y es uno de una decena de trabajadores que Catalán lleva gratis a donde ellos necesiten. Esta es la manera como una persona responde al temor que se está propagando en las comunidades inmigrantes debido a las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.
En todo el país, mucha gente ordinaria está ayudando de manera voluntaria a inmigrantes que viven aquí sin autorización. Cientos de miembros de iglesias se están inscribiendo para crear o apoyar lugares que sirvan como refugios, con la esperanza de proteger a inmigrantes de las deportaciones dentro de los centros de adoración. Otras personas están acompañándolos a las cortes o revisiones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, donde podrían ser detenidos y deportados.
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Expertos en leyes dicen que, por lo general, ayudar voluntariamente a inmigrantes sin autorización de residencia no va en contra de la ley, pero Trump ha creado dudas al dar directrices para castigar a gente que "facilite su presencia" en Estados Unidos. Críticos conservadores dicen que estos voluntarios deberían de ser castigados junto con los inmigrantes a los que ayudan.
El servicio de aventones que da Catalán creció cuando comenzó a contar a sus vecinos y amigos en su pueblo de Redland que ella llevaba a los inmigrantes a supermercados, cabinas de giros electrónicos y hasta a hospitales.
Ella nació en México, pero contrario a muchos de sus vecinos, es ciudadana estadounidense con licencia para manejar. California, Illinois, Washington y Maryland son algunos de los estados que emiten licencias para manejar a inmigrantes indocumentados, pero no Florida, donde conducir cuidadosamente para no meterse en problemas no es una estrategia en la que los inmigrantes pueden confiar.
Desde que le dejó a su hija mayor el vivero que abrió hace más de diez años, Catalán no tiene empleo. En su lugar, ofrece viajes prácticamente todos los días. Su hija le ayuda a pagar la gasolina.
Lo que comenzó como un viaje gratuito se convirtió en una sesión terapéutica en los verdes campos de Redland, ubicado a unos 30 kilómetros (20 millas) al suroeste de Miami.
"Si tú no te metes en problemas, no te va a pasar nada. Pero si quieres tomar por ejemplo. Ahí en tu casa", le dijo a su pasajero.
El guatemalteco, quien cruzó ilegalmente la frontera con México hace tres años, dejó de conducir hace poco por temor a que lo detuviera la policía. Dijo que le preocupa demasiado que lo detengan y lo deporten y por eso no quiso revelar su identidad.
El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Gimenes, accedió en enero a retener a las personas, incluso a los culpables de delitos menores, en caso de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quieran detenerlos. En total, se ha puesto a disposición de ICE a seis personas arrestadas por el cargo de conducir sin una licencia válida. Lo mismo sucedió con otros cuatro acusados de delitos menores, como conducir en estado de ebriedad o robo simple.
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Ocho de esas 10 personas encarceladas en Miami-Dade no contaban con antecedentes penales.
Catalán, quien se convirtió en ciudadana durante la amnistía que otorgó el presidente Ronald Reagan en 1986 para legalizar el estatus de alrededor de 3 millones de personas, dijo que llevar a otras personas a su destino se ha convertido en su terapia.
"Me hace bien. Yo siento que ellos confían en mí y yo les digo que no deben tener miedo", recalcó. "Quizás ellos también se sienten mejor".