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75 distritos escolares de California registran estatus migratorio de estudiantes

Abogados piden que cese esta práctica en el estado.

Abogados de derechos civiles dicen que han encontrado 75 distritos escolares en California que solicitan el estatus de ciudadanía de los estudiantes u otros datos que podrían indicar si están en el país ilegalmente.

Los abogados, encabezados por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles, enviaron la información al procurador general de California Xavier Becerra el lunes y le pidieron que advirtiera a las escuelas que no deberían pedir la información.

“No hay razón para preguntar”, dijo Deborah Escobedo, miembro del comité, a KPCC.

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“Porque todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela independientemente de su estatus de ciudadanía, incluso si son indocumentados. Y eso está claramente establecido en la ley”.

Se refiere al fallo de la Corte Suprema de 1982 Plyler v. Doe y la revocación de la Proposición 187 aprobada por el votante.

Para obtener la información de distritos que realizan esta práctica, se revisaron formularios que estas administraciones publicaron en línea. Sus hallazgos, junto con la carta al fiscal general,pueden leerse aquí.

Aún Becerra no ha comentado al respecto.

En Los Ángeles, el único distrito que pide esta información es el de South Whittier School District. En el condado de Riverside tanto los distritos de Banning y Beaumont piden información, y en San Diego son por lo menos cuatro distritos los que requieren ésta también.

El resto de los distritos académicos implicados en el hallazgo se encuentran en el norte de California.

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En el reporte, detallan los abogados que encontraron formularios de inscripción y matrícula de estudiantes y formularios de contacto de emergencia que solicitan el número de Seguro Social del estudiante, y cuestionan si el estudiante es ciudadano de los Estados Unidos o si nació fuera de los Estados Unidos.

Un proyecto de ley en Sacramento, la AB 699prohibiría a las escuelas recolectar esa información para que de tal manera el gobierno federal no tenga acceso a dicha información.