Una jueza del condado de Los Ángeles dictaminó el lunes que cuatro trabajadores sociales acusados de negligencia criminal por la muerte de un niño de Palmdale serán juzgados, lo que permitiría a los fiscales avanzar con un caso que ha provocado indignación y crítica hacia el Departamento de Servicios para Familias y Niños de Los Ángeles (DCFS).
La jueza de la Corte Superior, Mary Lou Villar, anunció el lunes el proseguimiento del caso en contra de los cuatro trabajadores sociales —Patricia Clement, de 66 años, Stefanie Rodríguez, de 31 años, Kevin Bom, de 37 años y Gregory Merritt, de 61 años– acusados de negligencia en la muerte del pequeño Gabriel Fernández, de 8 años.
El menor murió en 2013 tras meses de tortura y abuso, dicen los fiscales, a manos de su madre y el novio de ésta. Los dos están a la espera de juicio por cargos de asesinato capital.
Tanto Clement como Rodríguez eran las principales trabajadores encargados de supervisar la situación del menor en su casa, pero Bom y Merritt eran sus supervisores, quienes, según la querella criminal en su contra, también actuaron de manera negligente. Ésta es la primera vez en Los Ángeles que los trabajadores sociales del condado se enfrentan a cargos criminales en el desempeño de sus funciones.
“Meses de tortura”
Gabriel fue presuntamente asesinado por su madre Pearl Fernández de 33 años, y el novio de ésta, Isauro Aguirre de 36, tras haber sufrido torturas a lo largo de meses, dicen las autoridades. Ambos están acusados de ser los responsables de la muerte del pequeño y aguardan sentencia por el crimen. La fiscalía ha anunciado que pedirá para ellos la pena de muerte.
Entre las señales de violencia que presentaba el cuerpo del pequeño estaban un cráneo fracturado, tres costillas rotas y la piel marcada por quemaduras y moretones. Tenía balines incrustados en un pulmón y la ingle, y había perdido dos dientes.
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Durante audiencias preliminares para determinar el caso contra los trabajadores del DCFS, Jennifer García, que fue maestra de Gabriel, declaró que había denunciado la situación repetidas veces ante la agencia, sin ver que se tomara ninguna medida.
La profesora hizo la primera llamada denunciando que el pequeño sufría abusos más de seis meses antes de que muriera, declaró, cuando el propio Gabriel le contó que su madre le había pegado con la hebilla de un cinturón y le había hecho sangrar, y le preguntó si eso era “normal”.
Un mes después, Gabriel llegó a clase con heridas en la cabeza y mechones de pelo cortados, y contó a García que su madre le había dado un puñetazo en la cara. Su profesora llamó de nuevo al DCFS, pero “a medida que pasaba el tiempo y aparecían nuevas heridas, empecé a sentir que nada estaba pasando [con el caso]”. En enero de 2013, el pequeño llegó a la escuela con moratones por todo el rostro y le confesó a su profesora que su madre le había disparado en la cara con una pistola de balines mientras hacía ejercicio.
Los registros del DCFS muestran que Rodríguez acudió al hogar de los Fernández después de ser alertada por la profesora de Gabriel y documentó hinchazón y golpes en el rostro del menor. Su madre, de acuerdo a las notas de la trabajadora, culpó de ellos a su otro hijo.
Rodríguez también investigó otra denuncia de García relacionada con un incidente durante el cual, según le había contado Gabriel, su madre le había golpeado en la cara con la hebilla de un cinturón. A Rodríguez, sin embargo, el pequeño le dijo que solo se trataba de una broma. Según declaró García, el pequeño presentaba una herida del tamaño de una moneda en el rostro que había llegado a sangrar.
Después, Clement relevó a Rodríguez y se hizo cargo del caso. Fue ella quien solicitó anular la consideración de alto riesgo para la familia Fernández, una propuesta que Merritt aceptó y tras la cual dio por cerrado el caso en abril de 2013. Gabriel murió al mes siguiente, el 24 de mayo.
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Los acusados
El caso en contra de los acusados, todos despedidos del DCFS, fue abierto por la fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, a petición del mismo departamento que servían. Al momento de presentar los cargos contra los exempleados sociales Lacey dijo que “creemos que estos trabajadores fueron criminalmente negligentes y desempeñaron sus funciones con deliberado desdén por el bienestar de Gabriel“.
Los cuatro han negado cualquier falta en el caso.
Clement dijo que una serie de fracasos condujeron a la muerte del niño, incluso por su agencia, donde trabajó como trabajadora social.
“El departamento no hace un buen trabajo. Ellos no entienden”, dijo.
Su abogada, Shelly Albert, expresó su sorpresa ante la decisión del juez. “Esto es escandaloso y sin precedentes. Mi cliente, todos ellos, hicieron lo que se suponía que debían hacer “, dijo la mujer al diario angelino.
Por su parte, Jim Barnes, abogado de Merritt, quien además de compartir pensamientos similares a los de Albert ha sugerido que la escalada de violencia ocurrió después de que el caso fue cerrado y la familia ya no estaba bajo la supervisión del departamento de servicios infantiles.