Un proyecto legislativo pudiera excluir al estado de la Florida del programa federal de asistencia a refugiados en medio de una enconada controversia de líderes políticos por la supuesta infiltración terrorista entre los inmigrantes beneficiados.
Un subcomité de la Cámara de Representantes votó el pasado jueves 9-5 a favor de una propuesta de ley que eliminaría a Florida del programa de reasentamiento de refugiados a partir del próximo año, con el argumento de que el gobierno federal pone en peligro la seguridad estatal al no colaborar ni proporcionar la información necesaria a las autoridades policiales locales.
El proyecto HB-427 deberá discutirse a partir del 7 de marzo, cuando ambas cámaras reinician sus sesiones en el Capitolio de Tallahassee, y de aprobarse significaría que los funcionarios estatales no podrán acceder más al otorgamiento de $257.4 millones de dólares en fondos federales para los refugiados.
"Esto envía un mensaje al gobierno federal para mejorar el proceso de investigación de refugiados y evitar que los terroristas utilicen el programa", dijo el representante David Santiago, patrocinador del proyecto y de origen puertorriqueño.
"Estamos en una siempre cambiante amenaza global y nuestros enemigos son cada vez más inteligentes y encuentran otras formas para aprovechar la debilidad en nuestros procesos".
Los partidarios de la propuesta alegan que el proceso de verificación tardar tomar años y es compartido por la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados y varias agencias federales, no por los departamentos policiales de Florida.
Al sacar a Florida del plan de reasentamiento de refugiados, se afectarían los fondos que reciben el Departamento de Niños y Familias (DCF) así como programas especiales de capacitación como SAVES, implementado por las escuelas públicas de Miami-Dade, y REVEST, auspiciado por el Miami Dade College (MDC), la institución académica con mayor matrícula de hispanos en la nación.
Tanto el superintendente escolar de Miami, Alberto Carvalho, como el presidente de MDC, Eduardo Padrón, salieron al paso a la propuesta, considerando que la salida de Florida del programa federal "podría implicar un impacto devastador en las vidas de miles de nuevos estadounidenses y perjudicar en última instancia la estabilidad económica de nuestras comunidades".
"Nuestras comunidades se están beneficiando con las destrezas y talento que ellos aportan como miembros productivos de nuestra sociedad... Darles la espalda es simplemente inaceptable, y una falta total de estrategia", escribieron Carvalho y Padrón en un artículo editorial publicado este domingo.
La delegación de legisladores hispanos del sur de la Florida, fundamentalmente republicana, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la propuesta.
El veto migratorio del presidente Trump a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, así como la negativa del condado Miami-Dade a mantener el status de santuario, han generado varias protestas populares.
La propuesta legislativa sale a la luz en momentos de agrios debates nacionalmente por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia de inmigración, y al calor de una controversia partidista que sacude el liderazgo de la Legislatura estatal.
Esta misma semana emergió una punzante disputa entre el liderazgo demócrata, en minoría en el Capitolio estatal, y el presidente de la Cámara en Florida, el republicano Richard Corcoran, por el tema de los refugiados.
El representante Bobby Dubose, demócrata por Fort Lauderdale, envió una carta pidiendo detalles a Corcoran sobre una reciente comparecencia televisiva en la que sugirió que el Estado Islámico podría haber infiltrado el programa de refugiados.
En una entrevista, Corcoran aseveró que hay un "tremenda potencialidad basada en hechos" de que los terroristas han infiltrado el grupo 1,200 refugiados de naciones de mayoría musulmana que fueron acogidos en la Florida durante 2016.
En su carta, Dubose urge al líder de la Cámara a compartir cualquier información que haya recibido de fuentes gubernamentales o policiales para sustentar esa preocupante aseveración.
Corcoran no ha respondido todavía la petición escrita de Dubose, según dijo la Oficina Demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, y los demócratas consideran que se trata de una "información vital" a la hora de votar sobre el proyecto de ley presentado por el representante Santiago.
Corcoran respalda la orden ejecutiva del presidente Trump para impedir la entrada temporal de visitantes de siete países de origen musulmán a Estados Unidos.
Actualmente la Florida cuenta con una población de 51,000 refugiados de diferentes nacionalidades, de los cuales una minoría procede de naciones musulmanas.
La crítica de los opositores al proyecto HB-427 se sustenta además en que retirar al gobierno estatal del programa de asignación de fondos federales no impedirá el flujo de refugiados a la Florida.
En cambio, funcionarios federales se asociarían con agencias caritativas para suplir la ausencia del DCF y otras entidades de atención a refugiados, como sucedió en Texas al salirse el gobierno estatal del programa el pasado año.
Pero esa opción complicaría los servicios a los refugiados y encarecería el costo de la atención, al tener que renegociarse los planes de seguros.
A su vez, los legisladores demócratas dicen que el Departamento de Policía de la Florida no ha registrado hasta el momento ni una sola denuncia de que un refugiado haya cometido un acto de terrorismo en el estado.
"Lo que hace en realidad este proyecto de ley es servir de comidilla a la base de un partido político con el objetivo de justificar elecciones futuras”, dijo Kionne McGhee, demócrata por Miami y ferviente opositor de la propuesta.
El pasado año, el gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, rechazó acoger a 4,460 refugiados y exigió a las autoridades del Departamento de Estado en Washington compartir información detallada sobre estos inmigrantes y participar activamente en su selección.