La renuncia del Presidente de Guatemala Otto Pérez es la culminación de un inusual proceso judicial y político en una nación en la que por décadas ha prevalecido la impunidad y la no aplicación de la ley a los poderosos.
Cuesta creer que esto suceda en la Guatemala donde por varias décadas hubo un conflicto interno o guerra civil según algunos, que dejó más de cien mil muertos y en el cual en general nunca se juzgó a nadie –la excepción sea el General Efraín Ríos Montt del cual aun ahora no es claro si pagará sus cuentas con la justicia.
Lo de Guatemala y su presidente fuera del poder y quizá eventualmente en la cárcel no puede entenderse sino se toma en cuenta el papel de la comunidad internacional.
Sucede que en Guatemala existe un organismo dependiente de las Naciones Unidas llamado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual funciona como una especie de súper fiscalía investigadora y la que ha sido clave en armar la investigación y el proceso judicial contra el hoy expresidente Pérez al cual se le acusa de corrupción y otros delitos.
De entrada hay que darle crédito al jurista colombiano Iván Velásquez quien está al frente de la CICIG. Su experiencia judicial y su decisión política de llegar al fondo del asunto en el llamado caso “La Línea” donde se involucró a Pérez y a la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, han sido fundamentales para que la justicia guatemalteca entrara en acción.
El desmantelamiento de esa impunidad histórica de que se habla que había existido casi siempre en Guatemala sólo es posible entenderla con la presencia en el país de la CICIG.
No por casualidad las elites guatemaltecas, con el propio Pérez a la cabeza, intentaron haces unos meses no renovarle el mandato a la CICIG –al final de cuentas el país huésped tiene que aceptar la presencia del organismo internacional. Fue únicamente por la presión nacional y de la comunidad internacional que Pérez tuvo que echarse atrás y dejar que la CICIG siguiera en Guatemala por otros dos años.
Pero la justicia guatemalteca también se lleva sus palmares en esto de enjuiciar a Pérez. Basada en el trabajo de la CICIG, la fiscalía tiene ahora más instrumentos legales para armar un caso y en general experiencia investigativa de la cual normalmente nunca se ha carecido no sólo en Guatemala sino en muchos países latinoamericanos.
En el caso de Pérez y Baldetti, la fiscalía presentó sólidas pruebas –grabaciones y otros elementos como datos de teléfono celular- que van más allá del simple testimonio de testigos que son la prueba mas común en los casos judiciales guatemaltecos. Reconocimiento también a la fiscal Thelma Aldana, quien igualmente mostró el coraje y la decisión política necesaria para llegar al fondo del asunto.
No es fácil en esa Guatemala de la impunidad lanzarse a lo que alguien podría haber dicho era la tarea suicida de enjuiciar al presidente en funciones. Aun peor, a un presidente que además fue un general de inteligencia que participó en tareas de contra insurgencia durante el conflicto guatemalteco en la década de los 80s.
Una vez que la CICIG y la fiscalía guatemalteca presentaron el caso de “La Linea” ante la opinión pública era sólo cuestión de tiempo para que sucediera lo que hoy ha sucedido.
O mejor dicho, era sólo de esperar hasta donde llegaría la presión pública para que esas tradicionales elites guatemaltecas dieran el brazo a torcer.
Esto sucedió en los últimos días cuando los diputados del Congreso votaron para levantarle la inmunidad a Pérez. Pero sólo lo hicieron porque veían claramente que la marea histórica de la opinión pública estaba en su contra. Que si no le bajaban el pulgar a Pérez su puesto como diputados estaría en peligro en la próxima elección.
El caso de “La Línea” es en cierto sentido un caso típico de la corrupción que se da en muchos lugares con una justicia floja. Según la acusación, Perez y Baldetti encabezaban una banda de funcionarios públicos que pedía sobornos a las empresas importadoras a cambio de que no pagaran los impuestos o tarifas de los productos que traían a Guatemala. Al parecer, nada nuevo en el contexto guatemalteco ya que varios de los funcionarios involucrados –especialmente militares- estuvieron también metidos en un caso similar hace un par de décadas.
Lo novedoso fue la particular ambición de los participantes. No sólo porque se le quitaban fondos al erario nacional sino también porque se pedía la mordida a los importadores. Al final fueron algunos de estos importadores los que dieron información a la CICIG.
También se lleva reconocimiento en lo sucedido el embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson. El diplomático ha dado cobertura política tanto a la CICIG como a la fiscal Aldana. En lugares como Guatemala el embajador estadounidense sigue teniendo una enorme influencia. Su sólo silencio o un gesto en una forma u otra envía mensajes que las elites locales entienden y aun a fuerzas aceptan.
El caso Pérez y Baldetti ha interesado particularmente a Estados Unidos no sólo por ser un claro ejemplo de la impartición de justicia y de la lucha contra impunidad y la corrupción, sino además por el elemento del narcotráfico. Todavía no hay nada probado en esto, pero a Pérez y Baldetti se les involucra también con el narcotráfico –otro ex presidente guatemalteco para el caso ha señalado que Pérez tiene que ver con el narco.
El otro actor en todo esto –o alguien dirá el actor principal en este drama- ha sido el pueblo guatemalteco mismo. La gente de a pie ha venido protestando durante meses y generando el “ruido” suficiente para hacer que tanto los medios de comunicación como las elites y las instituciones del estado no pudieran ignorar el malestar y la inestabilidad que poco a poco iban creciendo.
Ha sido tan rápido esto de los últimos días en Guatemala que aun a principios de esta semana no se estaba seguro de que habrían suficientes votos de diputados para quitarle la inmunidad a Pérez. Al final pudo más la presión popular. Los diputados y jueces supieron leer lo que estaba escrito en las calles: la gente no toleraría otra cosa que no fuese la salida de Pérez.
La crisis guatemalteca sin embargo, no se acaba. Por esas cosas impredecibles del destino este domingo hay elecciones presidenciales las cuales se llevaran a cabo bajo el manto del escándalo de “La Línea”, escándalo que es símbolo también del desprestigio de las elites guatemaltecas. Quien salga ganador entonces estará salpicado por el lodazal que dejan Pérez y Baldetti.
Tras la renuncia de presidente, ¿qué pasará ahora en Guatemala?
Opinión: "Quien salga ganador en los comicios del domingo estará salpicado por el lodazal que dejan Pérez y Baldetti"
