¿Tiene un indocumentado el derecho a obtener un día la ciudadanía estadounidense? Al parecer no, al menos según el dicho de la abogada Loretta Lynch, la persona nominada por el Presidente Obama para ser la próxima Fiscal General de Estados Unidos.
Lynch tuvo hoy su primera audiencia ante el Comité Judicial del Senado donde legisladores republicanos y demócratas la interrogaron sobre toda una serie de temas, entre ellos el de inmigración. Lo dicho sobre la ciudadania ha sido una de las cosas que mas atención ha generado.
En principio suena duro esto de que los indocumentados no tienen derecho a la ciudadanía. Más parece el lenguaje de un político anti inmigrante que las palabras de una persona que ha sido nominada por Obama y que uno pensaría está mas o menos en sintonía con lo hecho y dicho por el mandatario.
Con todo, lo dicho por Lynch no es nada nuevo o que vaya contra el espíritu de lo que son las políticas migratorias del gobierno de Obama o en general del país todo. La verdad que es cierto que un indocumentado no tiene el derecho según la constitución -"abanico de derechos civiles", le llamó Lynch- para acceder a la ciudadania. Así de simple.
La salvedad es que cuando se habla de la ciudadania en el contexto de los indocumentados la referencia es a si los proyectos de reforma migratoria -como el que pasó el Senado hace dos años y que la Cámara baja nunca quizo considerar y votar- deben incluir este paso final en el proceso de legalización del beneficiado.
Ese proyecto de reforma que aprobó el senado sí consideraba lo de la ciudadanía como la culminación de un proceso de más de quince años en el cual la persona legalizaría su situación migratoria primero y eventualmente, luego de muchos requisitos, tendría al menos la opción de solicitarla si así lo deseaba -"un privilegio que debe ganarse", le llamó Lynch.
Dicho de otra manera, en tanto no exista una reforma migratoria que contemple el derecho o la posibilidad de que los beneficiados pidan la ciudadanía, no hay posibilidad -o derecho civil tal- de que los indocumentados puedan hacerse ciudadanos.
Mas allá de que sea cierto entonces y no tenga nada de anti inmigrante lo dicho por Lynch, su presencia ante el Comité Judicial del Senado hay que verla en el contexto de que éste es un Senado dominado por los republicanos.
Un senado en el cual se atacarán las políticas de Obama y en el cual sus nominados tienen que caminar una fina linea entre no renunciar a las grandes lineas políticas del presidente y, al mismo tiempo, evitar dar la pelea o enojar a los senadores republicanos. Al final estos tienen los votos para confirmar o evitar que el funcionario llegue al cargo. Un detalle para ilustrar el caso: quien presidió la audiencia es el Senador por Iowa, Charles Grassley, legislador republicano que en 2013, cuando se dio el debate sobre la reforma migratoria, se opuso rotundamente a la ley.
El otro lado de la moneda, fue lo relativo a la acción ejecutiva de Obama -la que potencialmente permitirá que varios millones de indocumentados se queden en el país sin el temor de ser deportados-. Lynch no se salió de lo que ha sido la postura oficial de los abogados y demás gente que se mueve en el terreno legal que trabajan con el gobierno: que lo de Obama está dentro de su autoridad constitucional.
Es correcto, señaló Lynch, que el Departamento de Seguridad Interna enfoque sus esfuerzos en deportar “a los más peligrosos de los inmigrantes indocumentados entre nosotros”. Hacerlo de esa manera, agregó, “parece una manera razonable de canalizar los limitados recursos para lidiar con el problema”.
Esta ha sido básicamente la postura de Obama y del Departamento de Seguridad Interna para darle base legal y práctica a la acción ejecutiva. De que el mandatario tiene la autoridad para hacer lo que hizo -inmigración cae dentro de su esfera como presidente- y de que también tiene el derecho de priorizar las deportaciones. De que como hay recursos limitados, y no se puede deportar a todo el mundo, el estado puede decidir quién está primero en la lista o a quien simplemente por hoy no se le deporta (como sucederá con los beneficiados de la acción ejecutiva).
Volviendo a lo de la ciudadanía a los indocumentados, valga mencionar que esto es algo que por lo general sólo aparece cuando se está discutiendo los alcances de una potencial ley de reforma migratoria -lo de hoy fue una excepción. Es un tema que es central para muchos activistas, grupos y legisladores demócratas pro inmigrantes quienes consideran que si no se incluye la posibilidad de la ciudadanía se estará creando una categoría de gente de “segunda clase” que nunca tendrá la posibilidad de ejercer los derechos civiles y políticos que otorga la Constitución.
Para muchos indocumentados de a pie, sin embargo, lo que importa es lo inmediato: no ser deportados. La discusión sobre la ciudadanía es para muchos un debate intelectual o académico que es mejor dejar para el futuro. Cosa similar pudiera decirse de lo dicho por la nominada de Obama para Fiscal General. Mejor centrarse en su defensa de la acción ejecutiva del presidente. Lo de la ciudadania ya habrá tiempo de discutirlo a fondo cuando se hable de nuevo de la reforma migratoria.