México, 27 ene (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala (México) no recurrirán a actos de violencia para evitar el desarrollo de las elecciones en el estado de Guerrero el próximo 7 de junio, aseguró hoy su portavoz, Felipe de la Cruz.
"Nuestro movimiento es pacífico. Creemos que la violencia no genera estabilidad, ni paz, sino todo lo contrario", dijo a Radio Fórmula un día después de una jornada de protesta nacional al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los jóvenes.
El llamado a no votar en Guerrero el 7 de junio, cuando se elegirá gobernador, 46 diputados y 81 cargos locales, está dirigido a "que la gente se organice y empecemos a formar asambleas populares, otras formas de gobierno que no sea con políticos ya amañados", indicó.
De la Cruz pidió a la ciudadanía que no olvide los actos de los políticos corruptos en el estado.
"Por ejemplo, en Acapulco ya empezó la precampaña del hijo del exgobernador del estado (Ángel Aguirre)", dijo el portavoz, quien añadió que no habrá elecciones en Guerrero porque a los votantes "con facilidad se le olvidan los hechos que suceden allá".
Los familiares de los estudiantes exigieron la renuncia de Aguirre y una investigación por la forma en que manejó el caso de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre pasado a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
El político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática dimitió en octubre pasado presionado por la crisis que desató la desaparición de los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ahora, su hijo Ángel Aguirre Herrera busca la candidatura del PRD a la alcaldía de Acapulco.
El próximo 7 de junio los mexicanos acudirán a las urnas para elegir 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 cargos locales.
El proceso electoral se llevará a cabo bajo la sombra del caso Ayotzinapa si la fiscalía federal no despeja las dudas que prevalecen sobre lo ocurrido la violenta noche del 26 de septiembre de 2014.
Los familiares y buena parte de la sociedad mexicana no creen en la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala, por miembros del cártel Guerreros Unidos.
Según el testimonio de tres integrantes de Guerreros Unidos, policías locales detuvieron a los jóvenes y se los entregaron tras un tiroteo ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en el que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas.
Hasta ahora un grupo de forenses austríacos sólo ha identificado a uno de los estudiantes desaparecidos entre los restos calcinados supuestamente hallados por la fiscalía mexicana en Cocula. EFE