WASHINGTON (AP) — Las medidas administrativas del presidente Barack Obama en materia de inmigración beneficiarán a una cifra cercana en 5 millones de inmigrantes irregulares. Este es un cálculo de los afectados:
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4,1 millones: Padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que han vivido en Estados Unidos durante al menos 5 años.
Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el jueves a los empleados que hacen cumplir las leyes de inmigración que el gobierno calcula que hay unos 4,1 millones de personas en esta categoría y que cumplirán los requisitos para protegerlas de la deportación. Pero no se espera que todas esas personas se acojan a las nuevas normas y algunas quizás ya participan en algún otro programa de protección.
290.000: Inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños antes del año 2010.
El Migration Policy Institute, un grupo de estudios de Washington especializado en inmigración, calcula que unas 290.000 personas pudieran cumplir los requisitos a tenor con exigencias menos estrictas del programa de protección a personas que llegaron al país irregularmente cuando eran menores, conocido como DACA y lanzado en 2012. El DACA ha estado limitado a personas menores de 31 años.
610.000: Inmigrantes jóvenes ya protegidos de la deportación
Según estadísticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que supervisa los beneficios inmigratorios a nombre del Departamento de Seguridad Nacional, unos 610.000 inmigrantes jóvenes ya están protegidos de la deportación. Pero se cree que cientos de miles de miles más cumplen los requisitos para beneficiarse del programa.
Johnson dijo al personal de USCIS, la Policía de Aduanas y Protección (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que millones de otros inmigrantes no incluidos específicamente en los programas de protección de la deportación no serían prioridades para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Según el plan de Obama, las autoridades concentrarán ahora sus esfuerzos en los inmigrantes con antecedente penales graves, incluidos los que representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública, o son adultos que pertenecen a pandillas. Otras prioridades son personas detenidas mientras cruzan la frontera ilegalmente o se les ha ordenado salir del país este año, y los que han cometido tres o más delitos menores o delitos menores "significativos".