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México nunca ha logrado la extradición de un ciudadano estadounidense ¿El tirador de El Paso será el primero?

Salió a cazar mexicanos, ahora México le podría dar caza. Pero no será simple. Estos son los obstáculos que el Gobierno mexicano deberá librar si quiere que Patrick Crusius pise una cárcel al sur de Texas

WASHINGTON.— Nueve días después de la masacre en El Paso (Texas), el gobierno de México guarda hermetismo sobre si solicitará o no la extradición del presunto autor del tiroteo pero, aún con un acuerdo bilateral vigente, eso podría terminar en una mera movida simbólica, según expertos.

La masacre del pasado 3 de agosto en un almacén de Walmart se cobró la vida de 22 personas, entre éstas ocho ciudadanos mexicanos, y el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que buscaría la extradición del presunto autor del tiroteo, Patrick Crusius.

Nueve días después de la tragedia, México no ha confirmado si solicitará o no su extradición. 

Sin embargo, la mayoría de los expertos coincide en que, si bien México puede tener argumentos políticos y legales sólidos, es poco probable que la logre y que sus esfuerzos tengan solo peso simbólico.

Crusius, de 21 años, aparentemente publicó un manifiesto en el que profesaba su odio por la “invasión de Hispanos en Texas” y posteriormente, en su confesión del crimen, dijo a las autoridades que su meta era ir a “matar a mexicanos”.

Poco después de la masacre, considerada como el ataque más mortífero contra hispanos en la historia reciente de EEUU, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno de AMLO respondería no “con odio” pero “con firmeza”, y estudiaría varias opciones legales.

“Consideramos este acto como un acto de terrorismo contra la comunidad mexicoamericana y los ciudadanos mexicanos en EEUU”, dijo Ebrard en rueda de prensa al delinear un plan de seis puntos al día siguiente de la masacre.

Entre las opciones de México figurarían la presentación de cargos criminales contra Crusius por cometer actos de terrorismo contra ciudadanos mexicanos, una demanda contra el vendedor del rifle de asalto utilizado en la masacre, y una posible solicitud de extradición a México para que enfrente allí la Justicia.

También está la solicitud de tener acceso a las investigaciones en curso, como ya ocurre en otros casos debido a un acuerdo de “asistencia legal mutua”, en la que ambos países intercambian datos sobre investigaciones criminales.  

El Departamento de Estado no ha querido pronunciarse sobre la posible solicitud de extradición de México pero ha dicho que mantendrá “estrecha comunicación” con el gobierno de AMLO conforma avanzan las investigaciones.

En la actualidad, Estados Unidos ha suscrito acuerdos de extradición con más de un centenar de países, incluyendo México, que obliga a los países firmantes tramitar solicitudes de extradición de sus ciudadanos fugitivos.

De pedirla y lograrla, sería la primera vez que México consigue la extradición de un ciudadano estadounidense a México bajo el acuerdo de extradición bilateral suscrito el 4 de mayo de 1978.

Esto se debe, según Scott Anderson, de la Institución Brookings, a que el acuerdo bilateral no exige la extradición de ciudadanos del país en cuestión – en este caso de un estadounidense a México- y a que el sistema judicial de EEUU es robusto y garantiza un juicio justo.

Las extradiciones de ciudadanos se realizan “a discreción” de las autoridades, como

ha sucedido con la extradición a EEUU de numerosos narcotraficantes mexicanos, entre éstos Joaquín “El Chapo” Guzmán, acusado en este país por narcotráfico.

En declaraciones recientes a un programa en línea del grupo “Law360”, el abogado John Bellinger, de la firma legal “Arnold & Potter”, explicó que México tiene ante sí varias consideraciones legales y políticas al evaluar sus próximos pasos.

Es que México “afronta presiones políticas” para demostrar que está velando por los intereses de los ciudadanos mexicanos radicados en EEUU, que se toma “muy en serio su responsabilidad” con éstos, y que exigirá justicia por las víctimas, dijo el experto.

Una solicitud de extradición sería “el paso más agresivo” que puede dar México, argumentando que se cometió “una atroz tragedia que produjo la muerte de varias ciudadanos mexicanos”, dijo Bellinger, un exasesor legal del Departamento de Estado durante la Administración de George W. Bush.

Posibles trabas legales

Según Bellinger, las autoridades primero tendrían que determinar si Crusius cometió, como ciudadano estadounidense, un crimen penalizado bajo las leyes mexicanas, además de que el derecho internacional no permite enjuiciar a alguien dos veces por el mismo delito.

Por ejemplo, si las autoridades de Texas o del gobierno federal enjuician a Crusius por cargos de terrorismo doméstico -como han indicado-, México no podría someterlo a juicio por los mismos cargos, que también son penalizados en ese país.

México tendría que solicitar la extradición para procesarlo por cargos de homicidio.

Pero las autoridades de Texas y del gobierno federal también tienen fuertes presiones para enjuiciar a Crusius en suelo estadounidense por la masacre, y es poco probable que acepten enviarlo a México.  

Las autoridades federales ya han dicho que solicitarán la pena de muerte para Crusius.

En todo caso, la posible extradición no sucedería antes de que Crusius sea enjuiciado en este país, “y es poco probable que las autoridades federales acepten (la extradición) en este caso”, aseguró Bellinger.

En declaraciones al diario “The Washington Post, Allen Weiner, un profesor de leyes de la Universidad de Stanford, coincidió con Bellinger en que la solicitud de extradición de México sería ante todo un acto “simbólico”, con poca posibilidad de que produzca acciones legales contundentes.

Ebrard no ha ofrecido detalles sobre cuándo anunciarían la posible solicitud de extradición de Crusius, o cómo se haría. En una nota diplomática, las autoridades mexicanas instaron a sus contrapartes en EEUU a que adoptaran una postura “clara y convincente” contra los crímenes motivados por el odio.

En un principio, el gobierno mexicano confirmó la muerte de siete ciudadanos mexicanos en la masacre, pero una octava víctima, un pastor de Juárez, falleció dos días después.

El plan delineado por Ebrard también incluye la representación de los familiares de las víctimas mexicanas o de mexicanos que resultaron heridos en la masacre, como parte de las investigaciones en curso.

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